Etiquetas

, , , , , ,

La ilegalización de Batasuna y los partidos afines a la izquierda abertzale fue un proceso largo que duró hasta 2009 y que hoy todavía sigue siendo problemático con grupos como Bildu, Sortu o Amaiur. Sin embargo, la desaparición de la primera escena política de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o la propia Batasuna marcó un antes y un después en las relaciones entre los independentistas abertzales y el Estado español. No tanto en la forma en la que se veían los unos a los otros, sino en el simple hecho de que, por primera vez, no habría ningún representante de los primeros en el Parlamento nacional después de las elecciones de 2004, con todo lo que eso conllevaba.

El hecho que llevó a la final ilegalización del ala independentista vasca más radical comenzó en abril de 2002 con la creación de la llamada Ley de Partidos. Ésta, importante para todos aunque no del mismo modo, desembocó primero en su aprobación en junio y, posteriormente, en el 26 de agosto en el que, por aquel entonces, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se adelantó a todos para suspender por tres años a las organizaciones arriba mencionadas al tiempo que el Congreso preparaba ya la ilegalización definitiva. Las relaciones en aquel momento, obviamente, empeoraron. Las dos partes quisieron sacar algo positivo de la decisión judicial y eso quedó reflejado, desde el primer momento, en los diferentes diarios más proclives a según qué causa. Así, tanto Gara, que suplió a Egin como ‘abanderado’ de los abertzales, como El País y El Mundo, los dos periódicos nacionales con más tirada, se hicieron eco de la noticia que apareció durante las dos últimas semanas de agosto en infinidad de ocasiones. El tono, eso sí, no era el mismo.

Gara, por ejemplo, titulaba en su editorial del día 21, cuando se conoció que Garzón iba a citar días después a los “representantes legales” de la izquierda abertzale para anunciarle la suspensión, “un nuevo servicio a la causa del Estado”. El interior del mismo no era menos agresivo y parafraseaba al que poco antes de este suceso era el ministro del Interior, Mariano Rajoy, que en una operación judicial en abril en la que once miembros de Batasuna fueron arrestados dijo  que la “operación se enmarcaba en la estrategia del Estado”. Para el diario es “a la luz de estas palabras como hay  que interpretar lo realizado por el conocido <<juez estrella>> de la Audiencia Nacional,” para acabar recordando los procesos abiertos como “el sumario 18/98, contra Segi y Gestoras pro Amnistía […] que no son sino el soporte judicial-policial de la Ley de Partidos.” En efecto, para el mundo abertzale, la Ley de Partidos y lo que propiciaba era una “agresión a los derechos y libertades” como lo demostraba en su ilustración del 26 de agosto, día en el que finalmente se hizo efectiva la decisión de Garzón, y que proclamaba la victoria del fascismo sobre la democracia (“fascismo 1-democracia 0”) o en las editoriales del mismo día con frases como “la respuesta a la pregunta de si el Estado persigue a la izquierda abertzale por su pretendido carácter violento o porque, en realidad, defiende dichos derechos negados constitucionalmente (el de autodeterminación, entre ellos) ofrece muchas pistas para conocer las verdaderas intenciones de la ilegalización de Batasuna.”

Frente a esta “historia negra” contra la que clamaba Gara, este ataque que “constituye un hito en la historia de la represión en Euskal Herria,” El País y El Mundo abrían sus periódicos del 27 con la noticia y titulares como “doble golpe a Batasuna.” Sin embargo, la diferencia más importante se encuentra, una vez más, en los artículos de opinión del periódico. Por ejemplo, El Mundo, en su editorial, hablaba también de “jornada histórica” por la suspensión de un partido que “vulnera repetidamente los principios democráticos.” En El País, por su parte, se habla del “entramado ETA-Batasuna” sin complejos, algo que declina El Mundo y, mucho más, Gara. De hecho, el periódico abertzale afirmaba el mismo día que las dos actuaciones que se estaban llevando a cabo (la suspensión por Garzón y la votación en el Congreso para la ilegalización) no eran “contra ETA, que nació en un régimen militar en el que no estaba permitida ninguna expresión pública de la nación vasca […], lo que de verdad intentan bloquear es lo que consideran el motor de un movimiento más amplio que puede conducir a Euskal Herria a la consecución de su soberanía.” Además, en última instancia, también recurrió al miedo: “pretenden dejar sin voz a más de 200.000 personas, una decisión cuyas consecuencias finales son aún imprevisibles.”

La presión de Gara no surtió efecto y la decisión del Congreso siguió adelante. Así se llegó a 2003, marzo, cuando el Tribunal Supremo siguió el proceso ilegalizando a Batasuna. La lucha entre las partes, en esta ocasión, no fue tan intensa como siete meses atrás pero en los días clave de la segunda quincena del mes arriba mencionado todos los diarios estudiados aquí llevaron a sus primeras páginas y editoriales las noticias referentes al tema. Así, El Mundo, el 18, titulaba su opinión como “la ilegalización de Batasuna, un paso firme contra ETA.” En efecto, ya se consideraba probada la relación entre los brazos militar y político de la organización al tomar parte la justicia de forma unánime y no, tan sólo, por parte de uno de sus integrantes. En la información mostraba su carácter constitucionalista al decir que “la democracia no debe quedar desvirtuada por organizaciones cuya finalidad es precisamente destruir el propio sistema en connivencia con el terrorismo […]. Nadie debe avergonzarse de los pasos que se han dado para consolidar de una manera firme un sistema democrático que va a hacer mucho más difícil la tarea a ETA.”

El País también se hizo eco de la decisión judicial y continuó las palabras de El Mundo. Se preguntaba si “puede considerarse democrática la estructura de un partido sometido a una organización terrorista” para concluir que “no se trata ya de la utilización de la democracia para combatirla, sino de hacerla imposible […]. El primer deber de los gobernantes –no una prioridad entre otras, sino una obligación previa a cualquier consideración- será impedir que continúe esa situación.”

Gara, por el contrario, mostró su denuncia ante el hecho. Su postura ya quedó clara en portada cuando en el antetítulo decía que “la decisión fue tomada por unanimidad y conlleva la liquidación de HB, EH y Batasuna en el Estado español.” En su editorial fueron más allá y su directo titular relacionaba nuevamente la decisión tomada por el Tribunal Supremo con la época dictatorial en la que ETA nació y se dedicó a un fin, cuando menos, entendible: “Franco fue más duro y no acabó con el independentismo.” Se trataba de un lenguaje hasta cierto punto amenazante. Su política de ‘acción-reacción’ podría llevarse a cabo ahora, aún más, ya que se sentían atacados, “pisoteados” según rezaba la información. “La condena a la clandestinidad de una parte sustancial de la sociedad vasca es una medida sumamente dura y traumática, pero no desconocida ni para Euskal Herria en su conjunto ni para el movimiento abertzale en particular,” continuaba el artículo. El lenguaje del mismo era muy duro y hablaba de “pruebas que sonrojarían a cualquier verdadero demócrata,” de la cercenación de derechos “hasta convertir este país en una gran cárcel.” Pero, sin duda, las acusaciones más fuertes son las siguientes:

“La imposición de la españolidad de Euskal Herria se disfraza de <<lucha antiterrorista>> y en su nombre se ilegalizan partidos, se suspenden asociaciones, se cierran periódicos, se detienen a inocentes, se garantiza a las FSE espacios de impunidad que dan lugar a terribles denuncias, se encarcela bajo el principio de la presunción de la culpabilidad, se conculcan los derechos de las presas y presos y se castiga con saña a sus familiares. La amenaza del Estado se extiende también sobre las instituciones que no cumplen literalmente sus dictados. Son condiciones duras, pero conocidas, y el movimiento independentista sabrá moverse en ellas.”

En efecto, acusaciones que, de ser ciertas, y lo son para ellos, serían graves en una democracia. Tanto como para volver a atentar y sembrar las dudas a la sociedad española y vasca. Fue el 30 de mayo de 2003 cuando una bomba colocada en un coche de la Policía Nacional de Sangüesa (Navarra) mató a Bonifacio Martín Hernando y Julián Embid Luna, dos integrantes del cuerpo. Éste sería el último antes de una serie de treguas que acabaron con el atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid. La última de una serie de cinco atentados desde agosto de 2002, fecha en la que se comenzó a tramitar la ilegalización, y en la que murieron siete personas, casi todas ellas miembros de seguridad del Estado.

Por supuesto, este tiempo sin atentar tenía una relación causa-efecto con la ilegalización de Batasuna. La política de represión que continuamente invocaban no podía llevarse a cabo ya que con este hecho perdían 16 millones de euros que procedían de las arcas públicas en forma de subvenciones. La reformulación de la causa no era fácil a pesar de que el propio Gara instaba a ello:

“A la vista de lo que está ocurriendo se hace necesaria una respuesta amplia y contundente que, por una parte, sirva para visualizar que la mayoría política y social de Euskal Herria rechaza estas actuaciones antidemocráticas, pero que además se encamine a la construcción de diques de contención para que el Estado español no pueda avasallar la voluntad popular de este país. Quienes creen que las vascas y los vascos son quienes tienen la palabra y la decisión sobre el futuro de Euskal Herria no pueden esperar más para poner manos a la obra. Y en ese trabajo diario se irán forjando los acuerdos y las uniones de distintos sectores. Es más tiempo de acción política que de discursos.”

Después de conocerse la sentencia, once días después, de la ilegalización de Batasuna y su entorno, Gara siguió con su presión mediática desde sus páginas. En éstas seguía hablando de pruebas inverosímiles cuyo único objetivo era evitar el derecho de autodeterminación vasco. Para ellos la justicia, en esta ocasión, no era ciega, sino que se había “levantado el velo para mirar a quien juzgaba:”

“Si después de un atentado se lee que una formación política presenta un texto en el que lamenta las muertes, se solidariza con las víctimas, sus familiares y allegados y apuesta por <<terminar definitivamente con estos lamentables sucesos que causan tanto pesar y dolor a nuestro pueblo>>, podría pensarse que en ningún caso está dando <<apoyo político expreso o tácito al terrorismo>>. Pero si se levanta el velo, como hace el Supremo, se llega a la conclusión contraria. Y así hasta acabar con la ilegalización de Batasuna.”

Se trata de una tergiversación burda al auto y a sus sentimientos después de un atentado de ETA. Por supuesto que el objetivo de Batasuna es terminar con los “lamentables sucesos”, pero a costa, única y exclusivamente, de la independencia. Ningún paso es válido salvo ese porque ninguno lo fue hasta ese entonces. Defender su Estado de derecho con mentiras que parecen reales era una opción válida. Hacerlo de esta manera, no.

Y así, con esta guerra visible entre los diarios y los ‘Estados’ se llegó a la parte definitiva, en España, de esta historia (en 2009, el Tribunal de Estrasburgo ratificó la ilegalización). Fue en enero de 2004 cuando el Tribunal Constitucional falló en favor de la ilegalización de los partidos. Algo esperado e incluso evidente a la vista del espacio dedicado en los periódicos El País, El Mundo y el propio Gara. Los dos primeros no quisieron recoger, una vez más, la noticia en el editorial y en la portada sólo le dedicaron un pequeño espacio. Gara hizo lo propio y la opinión del tema quedó relegada a un segundo o tercer lugar, siendo la columna estrella de la sección para proponer el cierre de la central nuclear de Garoña. Eran tiempos de paz pasajera y nadie parecía estar dispuesto a romperla. Unos por miedo y otros por pobres.